Cada 25 de noviembre nos tocamos las conciencias y las memorias de aquellas mujeres y niñas que en este preciso instante están siendo víctimas y son supervivientes de cualquiera de las múltiples formas de violencias basadas en el género (VBG). El último informe de ONU Mujeres, realizado en 13 países, dice que, después de la pandemia COVID19, dos de cada tres mujeres padecen alguna forma de violencia. La OMS advierte que cada 18 segundos una mujer sufre violencia doméstica. Diariamente 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. 180 mujeres son violadas cada hora en algún lugar del mundo. Las cifras visibilizan una realidad devastadora.
Asistimos a la violencia de un sistema capitalista, neoliberal, que precariza la vida, y junto al patriarcado constituye un maridaje perfecto para explotar y consumir cuerpos de mujeres y niñas.
Cada 25 de noviembre recordamos que la violencia hacia las mujeres y las niñas se sostiene en las relaciones asimétricas del poder y la toma de decisiones entre hombres y mujeres, asimetría que perpetúa la desigualdad y la discriminación. El paisaje que dibujan las violencias machistas es universal, afecta a todas las mujeres en todos los territorios, sin distinción de raza, religión, ideología, clase social o casta, lo cual significa que, cuanto menos, la mitad de la población mundial está en riesgo permanente de ver conculcado su derecho a vivir en paz, o lo que es lo mismo, el derecho a vivir sin violencia estructural.
La trata, la prostitución forzosa, el matrimonio infantil, el acoso sexual, el ciberacoso, la sextorsión, la violación, la esclavitud sexual, la violencia económica, los crímenes de honor, la mutilación genital, etc, son formas de VBG, cuyas supervivientes ven como el delito cometido en sus cuerpos adolece, en la mayor parte de los casos, de justicia y reparación; la VBG es el crimen que con mayor frecuencia se comete y el que mayores cotas de impunidad arroja, pese a existir todo un marco legal internacional, regional y estatal, que sobre el papel tiene el deber de protegerlas. Los estados tienen la obligación de garantizar la represión del delito, el enjuiciamiento de los perpetradores y que las mujeres supervivientes de violencia tengan medios inmediatos de reparación.
La CEDAW, el Protocolo de Palermo, el Estatuto de Roma, la Plataforma de Acción de Beijing, la Resolución 1325 y siguientes del Consejo de Seguridad de ONU, además de la legislación particular en cada uno de los estados democráticos, son instrumentos que deben garantizar la seguridad, la protección y el disfrute pleno de los derechos de las mujeres y las niñas, en cualquier contexto en el que desarrollen sus vidas.
Desde Mujeres en Zona de Conflicto, entendemos que la lucha contra la VBG debe ser una política de estado, que atienda a un enfoque de género y derechos humanos y que permee todos los ámbitos sociales. En este sentido, reclamamos una mayor inversión en coordinación de actores estatales y de las organizaciones de la sociedad civil, en acciones de prevención, en una educación emancipadora, que promueva actitudes de igualdad, empatía y solidaridad y en atención directa a las necesidades integrales de las mujeres y niñas supervivientes de VBG.
Consideramos que es imprescindible establecer los mecanismos necesarios para que no puedan argumentarse costumbres, tradiciones, consideraciones religiosas y elementos consuetudinarios, para justificar la violencia contra mujeres y niñas.
Cada 25 de noviembre, todos los días, fortalezcamos los esfuerzos, la voluntad y los recursos para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, pues mientras la VBG se mantenga, ponemos en riesgos la democracia, el estado de derecho y el sistema de justicia.
