Compartimos la entrada de MILA RAMOS (*) sobre la situación en Palestina.
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Una paz firmada sobre las ruinas de Gaza
Se firmó la paz entre Israel y Hamás. Y lo celebro, lo celebramos. Dejarán de morir inocentes. Lo que se ha pactado no es más que un alto el fuego. Ya no caen bombas sobre las viviendas, las escuelas o los hospitales que aún quedan en pie. La población refugiada tiene prisa en volver a lo que fue su hogar, por mucho que ahora solo sean escombros. El silencio de las bombas no significa justicia. No significa reparación. No significa dignidad para quienes han vivido bajo la ocupación y la violencia cerca de ochenta años. Y tampoco significa seguridad para las mujeres y las niñas palestinas, que han soportado la violencia armada sumada a violencias específicas por razón de género: violencia sexual como arma de guerra, pérdida de sus espacios comunitarios de cuidado, invisibilización en las mesas de negociación.
La historia reciente de Palestina está marcada por un proceso continuo de colonización, expulsión y sometimiento. Un pueblo ha sido desplazado, fragmentado y condenado a vivir bajo un régimen de control militar, en campos de refugiados o en diáspora. La violencia no empezó con esta última guerra, ni con la anterior: es estructural, es histórica, y afecta de manera diferenciada a mujeres, hombres, niñas y niños. Y ese silencio de las armas no borra la ocupación, la desposesión y el sufrimiento.
Decir que se ha firmado la paz bordea el eufemismo. Los firmantes de este acuerdo, líderes políticos y militares de ambos lados, son los mismos que cargan con la responsabilidad de miles de muertes, destrucción sistemática de infraestructuras civiles, ataques contra hospitales y escuelas, y el uso del hambre y el miedo como armas de guerra. No hay inocencia ni bondad en quienes rubrican estos pactos. Es una paz firmada por hombres malos, responsables directos de la guerra y del genocidio.
La pregunta que surge ahora es inevitable: ¿qué pasa con la justicia? ¿Quién responderá por los crímenes de guerra? ¿Quién se sentará ante un tribunal penal internacional para responder por el delito de genocidio?
La experiencia internacional nos enseña que los acuerdos de paz suelen ser, en demasiadas ocasiones, pactos de impunidad. Se negocian silencios a cambio de cesar las hostilidades. Se privilegia la “estabilidad” frente a la verdad. Y las víctimas, una vez más, quedan relegadas a la espera de una justicia que rara vez llega. La historia reciente nos muestra que los acuerdos de paz muchas veces nacen como pactos de silencio. En Guatemala, El Salvador o Sudáfrica, se negoció el fin de la violencia al precio de la impunidad de los perpetradores. Hoy, en Palestina, el riesgo es el mismo: que la “paz” sea un escudo jurídico y político para proteger a los culpables.
Pero esta vez el mundo entero ha sido testigo, en directo, de la devastación. Las imágenes, las cifras y los testimonios han traspasado fronteras. No hay posibilidad de negar lo evidente: se han cometido crímenes atroces que encajan, palabra por palabra, en la definición de genocidio que establece el derecho internacional.
Aquí es donde surge la cuestión del derecho internacional y el papel del Tribunal Penal Internacional (TPI). El TPI fue creado precisamente para juzgar los crímenes más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y, sin embargo, su capacidad de actuar siempre se enfrenta al obstáculo político. ¿Se permitirá que investigue de verdad? ¿Se llevará a los responsables ante la justicia, o se bloquearán los procesos con vetos, presiones y pactos diplomáticos? La credibilidad del TPI y del derecho internacional humanitario está en juego. Si no se abren causas penales contra quienes han orquestado y ejecutado estas atrocidades, si no se dictan órdenes de arresto y se garantizan juicios justos y públicos, se confirmará, una vez más, que la justicia internacional es selectiva, que castiga a los débiles, pero protege a los poderosos.
La verdadera paz solo será posible si se construye sobre cuatro pilares:
- Verdad, que implique el reconocimiento del genocidio, de la ocupación y también de las violencias específicas ejercidas contra mujeres y niñas como crímenes.
- Justicia, que supone apertura de juicios en tribunales penales internacionales contra los responsables.
- Reparación integral, que incluya indemnizaciones, reconstrucción y devolución de derechos a las víctimas.
- Garantías de no repetición, fin de la ocupación, reconocimiento del estado palestino y participación plena de las mujeres en los procesos de reconstrucción y gobernanza.
En este sentido, resulta imprescindible implementar de manera efectiva la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reconoce el papel central de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, en las negociaciones de paz y en la reconstrucción posbélica.
Desde el feminismo, entendemos que paz no es solo ausencia de guerra, sino la construcción de condiciones de vida dignas, justas e igualitarias para todas las personas. Y entendemos que la seguridad no es la de los Estados ni de sus ejércitos, sino la seguridad humana: la certeza de tener agua, comida, techo, salud, educación, libertad frente a la violencia y la discriminación, y la posibilidad real de decidir sobre la propia vida.
Eso que llamamos la comunidad internacional tiene ahora la responsabilidad de promover una paz sostenible, soportada sobre la verdad, la justicia y la reparación. De lo contrario, el acuerdo actual pasará a la historia como una tregua amarga, firmada por los responsables de la tragedia, para perpetuar un sistema de dominación patriarcal, colonial y militar que se disfraza de paz.
(*) Mila Ramos es presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
