La Trata de Seres Humanos se reconoce como una forma de violencia en las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

De acuerdo con ellas, se puede afirmar, que este delito es una de las manifestaciones y consecuencias de la desigualdad entre hombres y mujeres tanto en las sociedades de origen, de tránsito, como en las de destino. Es destacable el indudable vínculo entre migración y trata. Políticas migratorias restrictivas y excluyentes, canales de migración regular deficientes, trabas para la reunificación familiar y dificultades de acceso al mercado laboral, son situaciones que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de este colectivo en relación a la trata. 

Respecto a este punto, el Informe Mundial sobre la Trata de Personas indica que tanto Europa Occidental y como Europa Central son las regiones del mundo donde se registran más víctimas de Trata procedentes de Asia Oriental y África Subsahariana. No obstante, la mayor parte de las víctimas de Trata en Europa Occidental, proceden del centro y sudeste del continente. Este vínculo entre migración intracontinental y Trata, es fácilmente interpretable si tenemos en cuenta las menores dificultades que para una red ilícita supone el traslado de ciudadanas europea, frente al cruce irregular de fronteras.

El género es otro factor importante que determina la probabilidad de ser víctima de trabajo forzoso. Según las estimaciones mundiales de la OIT, alrededor de 55% de las víctimas son mujeres y niñas. A pesar de las medidas de aplicación reforzada contra el trabajo forzoso y la trata de seres humanos adoptadas en los últimos años, sigue siendo una práctica de bajo riesgo y enormes ganancias. Reforzar la inspección en sectores donde existe un riesgo alto de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, asociado con un sistema rápido de identificación de las víctimas y de su protección eficaz es deseable, siendo su erradicación una cuestión prioritaria.

Mujeres en Zona de Conflicto lleva más de una década trabajando en asentamientos e infravivienda. El trabajo se inicia en el año 2011, cuando en la provincia de Huelva se detecta una amplia presencia de mujeres trabajadoras en la recolección de frutos rojos, pero también mujeres que no pueden acceder a un trabajo y lo que es peor, que no pueden acceder a una vivienda digna. Hablar de asentamientos en España es hablar de un contexto de emergencia humanitaria. El Relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, en su visita a los asentamientos de Huelva en febrero de 2020 alarmaba sobre las condiciones en las que viven los trabajadores migrantes en asentamientos como “las peores que había visto en ninguna parte del mundo”. 

DLa realidad de los asentamientos chabolistas no solo es una cuestión que abordamos en la provincia de Huelva. Nuestro equipo compuesto por mediadoras interculturales y técnicas especializadas en la intervención en contextos de alto impacto se desplazan al terreno en los asentamientos de Granada y Almería y, durante este último año (2024) se suman los territorios de Ceuta, Extremadura y Madrid.  

La población que reside en asentamientos es mayoritariamente masculina, pero en las mujeres, a la extrema vulnerabilidad del contexto, se suma la altísima prevalencia de situaciones de violencias basadas en el género, que son normalizadas. Es habitual detectar situaciones de agresiones por parte de la pareja, abusos por parte de sus empleadores y/o compañeros, agresiones sexuales, mutilación genital femenina, trata con fines de explotación sexual, laboral y otras formas de explotación, y, sin duda, delitos de odio que, con frecuencia, quedan ocultos ante la situación de extrema vulnerabilidad. Es habitual también encontrar mujeres que sufren varias violencias basadas en el género a la vez. Esta situación también queda diluida en los estudios e informes relacionados con la discriminación que no reflejan las particularidades y necesidades específicas de las mujeres y sus mayores dificultades para tomar consciencia de los incidentes y delitos de odio que sufren. Detectar las situaciones, ponerles nombre y canalizar su recuperación y reparación en los cuerpos y las mentes de las mujeres que la sufren es fundamental. Por esto, desde MZC reivindicamos que cualquier actuación en un contexto de vulnerabilidad de derechos humanos debe contemplar las desigualdades entre hombres y mujeres y desarrollarse desde un enfoque de género interseccional.

Las violencias basadas en el género (VBG) son todos aquellos actos violentos que se cometen contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Se trata de una realidad cuyo sustento es el orden social vigente basado en el patriarcado, y que enmascara en realidad la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Entre otras, son formas de VBG la violencia física, la violencia psicológica, el acoso y la violencia sexual, la violencia económica, la violencia ambiental, la violencia vicaria, la prostitución forzada, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación, la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio infantil, precoz o forzado, la violencia ejercida contra mujeres y niñas “en nombre del honor” y la violencia en el ámbito reproductivo (embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, explotación comercial del cuerpo de las mujeres).  

En el marco de esta línea, desde Mujeres en Zona de Conflicto desarrollamos actuaciones dirigidas a prevenir todas las formas de violencia machista y garantizar la cobertura integral de las necesidades de las supervivientes.  

La intervención que realizamos se sustenta en el reconocimiento político de la violencia de género más allá del ámbito de la pareja o expareja, incluyendo un concepto amplio de las VBG con el objetivo de que nuestras iniciativas lleguen a todas las víctimas. Acompañamos a todas las mujeres con independencia de si deciden o no acceder al sistema judicial mediante la interposición de denuncia, puesto que somos conscientes de la multiplicidad de factores personales, familiares y estructurales que pueden llevar a una víctima de violencia a evitar o retrasar la situación de denuncia. 

La intervención que realizamos se sustenta en el reconocimiento político de la violencia de género más allá del ámbito de la pareja o expareja, incluyendo un concepto amplio de las VBG con el objetivo de que nuestras iniciativas lleguen a todas las víctimas. Acompañamos a todas las mujeres con independencia de si deciden o no acceder al sistema judicial mediante la interposición de denuncia, puesto que somos conscientes de la multiplicidad de factores personales, familiares y estructurales que pueden llevar a una víctima de violencia a evitar o retrasar la situación de denuncia. 

Asimismo, también desarrollamos de forma prioritaria una línea de actuación enfocada en la prevención de la mutilación genital femenina como una forma de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas. Incluye actuaciones de sensibilización dirigidas a profesionales y agentes sociales clave, así como acompañamiento psicosocial a mujeres que han sido sometidas a esta práctica o se encuentran en contextos de riesgo.

Desde MZC, la intervención psicosocial y jurídica con menores se aborda con la misión de erradicar las violencias sexuales ejercidas contra las niñas y las adolescentes desde el Enfoque de Derechos Humanos. Se asume como propia la definición de violencia sexual propuesta por ONU Mujeres (la violencia sexual es cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, ya sea que esta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas) y se adoptan los enfoques de “Violencias Basadas en el Género” y “Violencias por Prejuicios” a la hora de afrontar la intervención con niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales.

Por otro lado, el avance de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC´s), y de los entornos en los que éstas se desenvuelven, ha difuminado la línea que separa el mundo físico del virtual. Hoy el espacio digital es un canal prioritario para la interacción entre las personas (incluidos niños, niñas y adolescentes) y el acceso a la información. Sin embargo, el espacio virtual también es un canal facilitador para la perpetuación de conductas violentas, por parte de los agresores, en contra de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta realidad se conoce como “violencia sexual digital” y es una de las prioridades de intervención desde este ámbito.

Por último, el trabajo realizado por MZC en la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de las violencias basadas en el género, sitúa a los equipos de intervención en un punto privilegiado con acceso a contextos de vulnerabilidad familiar. Desde ahí se trabaja la prevención y la detección de situaciones de riesgo con hijos e hijas de mujeres atravesadas por diversos tipos de violencias basas en el género.

La búsqueda de alternativas laborales en el mercado del empleo normalizado es un paso fundamental en el proceso de restauración frente a las violencias basadas en el género. El empleo dignifica, contribuye a la autonomía y es una fase fundamental en el proceso de recuperación y restauración.

Cuando nos referimos a intervenciones en el marco del empleo hacemos alusión a todas las actuaciones que se insertan dentro de un itinerario individualizado de inserción que se complementan entre sí para el diseño de un camino consensuado entre las mujeres y el equipo técnico de la entidad, cuyo objetivo es el logro de un empleo con garantía de derechos y en términos de igualdad. En el itinerario personalizado se establecen las prioridades de intervención encaminadas a la inserción laboral, que incluyen actuaciones prelaborales como cursos de español o competencias digitales; talleres orientados a la búsqueda de empleo en donde se aborda la preparación de la entrevista o la elaboración de un curriculum vitae; orientación en formaciones para el empleo que mejoren las posibilidades de inserción; o la intermediación laboral con el tejido empresarial. Todo ello desde una mirada constructiva que se orienta al empoderamiento, a la sororidad y al fomento de la autonomía como herramientas claves para salir de la situación de violencia.

Contar con un sistema de acogida, tanto de emergencia para mujeres y madres con hijos/as víctimas de explotación sexual y laboral, como de autonomía para mujeres y madres con hijos/as en situación de vulnerabilidad, permite garantizar espacios de seguridad donde generar procesos de recuperación estables y reparación que favorezcan la autonomía y la inclusión social. 

El Área de Acción Social cuenta con espacios de acogida de autonomía y de emergencia para mujeres y madres con hijos/as en situación de vulnerabilidad que permite garantizar espacios de seguridad donde generar procesos de recuperación estables y procesos de reparación. 

Durante su estancia, se trabaja con las mujeres a nivel integral e interdisciplinar, ofreciendo una atención individualizada basada en sus propias necesidades y orientada a la restauración/recuperación, el empoderamiento y la adquisición de la autonomía. En todos los casos, los servicios que se ponen a disposición del colectivo a través de una intervención psicoeducativa y la elaboración de un Plan de Intervención Individualizado con Asesoramiento social , Asesoramiento jurídico , Apoyo psicológico, Orientación y formación laboral, Actuaciones estratégicas orientadas al empoderamiento y establecimiento de redes de apoyo.