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Publicación del Informe 2023 de vulneración de Derechos Humanos de la población LGTBQ+ en Paraguay

Lanzamos la publicación del Informe 2023 de vulneración de derechos de las personas TLGTBIQ+ en Paraguay… Leer más

Construyendo cooperación descentralizada Feminista en Extremadura

Iniciativa impulsada por la agrupación Feministas Cooperando para asegurar la perspectiva feminista en las políticas y… Leer más

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Llega a su fin la ejecución del proyecto “Fortalecimiento del sistema público de educación rural, mediante el desarrollo integral e igualitario de Dar Talibas en tiempos de pos pandemia. Marruecos”

El proyecto “Fortalecimiento del sistema público de educación rural, mediante el desarrollo integral e igualitario de… Leer más

Feministas Cooperando. Fase VI: Juntas avanzamos hacia una cooperación feminista en Extremadura

Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de la perspectiva feminista y la transversalización del enfoque de género… Leer más

Proceso casa Ernestina Parra unidas para el ejercicio y garantías de los derechos de las mujeres en Soacha

Socias locales: CENTRAP Leer más

Plan Estratégico Cooperación Internacional

Líneas de acción
Educación Participación social y política Empleo, desarrollo productivo y soberanía alimentaria Violencia basada en género Trata de seres humanos Migraciones y movilidad humana Construcción de la paz AH y Emergencia
Mejorar el acceso de las mujeres a todos los niveles de educación

La educación supone una progresiva y continua configuración de la persona para ser y convivir con las demás, que no se da únicamente en la escuela. A lo largo de la vida se inserta la educación social, esta podría entenderse como la dinamización de las condiciones educativas de la cultura, de la vida social y sus individuos y, por otro, la prevención, compensación y reconducción socioeducativa de la dificultad, de la exclusión o del conflicto social. Apoyamos tanto la educación no formal como la educación formal, apostando por el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación, ya que es un derecho fundamental al que muchas mujeres y niñas no pueden acceder.

Participación social y política

Proponemos procesos de formación interesadas en transformar las relaciones sociales existentes en relaciones sociales equitativas, para la construcción de una democracia participativa. Abordamos, de forma sencilla y clara, los conceptos para la participación ciudadana con perspectiva de género, aportando herramientas que fortalezcan la representación social de los liderazgos de mujeres comprometidas con su persona y su comunidad. La participación activa y la organización social comunitaria hacen efectiva la creación de espacios de toma de decisiones para las mujeres, con lo que se garantiza el conocimiento, reconocimiento y ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Empleo, desarrollo productivo y soberanía alimentaria

La falta de recursos económicos es otro tipo de violencia que las mujeres enfrenta. Trabajar desde un enfoque dual, que integre la perspectiva de género junto al empoderamiento económico de las mujeres, resulta fundamenta en nuestras intervenciones, ya que se mejora el acceso y control de recursos y refuerzan su protagonismo en todos los ámbitos sociales.


Desde la soberanía alimentaria se fortalece el desarrollo productivo, porque define sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción y no en el agroextractivismo.


Que las mujeres acceden al mercado laboral y tengan la posibilidad de obtener recursos mejora su vida y la de sus familias sustancialmente.

Violencia basada en género

Erradicar las violencias contra las mujeres, es una necesidad social que no solo afecta a las mujeres, sino que mejora la realidad de la humanidad en su conjunto. La violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, es una realidad en todo el mundo y en todas las culturas, independientemente de la edad, estrato y condición social.


La violencia la interrelacionamos con la distribución del poder y con los cauces que la sociedad establece para el control del mismo, tanto en el ámbito público como privado.


Reconocemos como VBG los matrimonios infantiles y embarazos precoces y forzosos de niñas y adolescentes; el trabajo infantil en su forma de las niñas-criadas; la trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral.

Trata de seres humanos con fines de explotación sexual/laboral

Este delito es una de las manifestaciones y consecuencias de la desigualdad entre hombres y mujeres tanto en las sociedades de origen, de tránsito, como en las de destino de las víctimas.


Es destacable el vínculo entre migración y Trata. Políticas migratorias restrictivas y excluyentes, canales de migración regular deficientes, trabas para la reunificación familiar y dificultades de acceso al mercado laboral, son situaciones que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de este colectivo en relación a la Trata, que principalmente tiene rostro de mujeres y niñas.

Migraciones y movilidad humana

La migración, coloca a las mujeres en una situación de explotación estructural, al verse obligadas a emigrar de sus territorios por las condiciones de vida provocadas por la globalización, a someterse a condiciones laborales carentes de garantías y derechos y explotadas como mujeres tanto en el ámbito de los cuidados como privándolas de sus derechos sexuales y reproductivos.


La movilidad humana es tratada como una oportunidad de sometimiento, no reconociendo la legitimad los derechos humanos y aprovechando las situaciones de vulnerabilidad que en sí ocasiona, para la explotación de las personas y la vulneración de sus derechos.

Construcción de la paz

Construir la paz implica fortalecer las garantías y el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, incidiendo en las niñas, adolescentes y mujeres.

Entendemos la paz no solo como ausencia de guerra, la paz es también la ausencia de violencia estructural.


Enfatizamos en elementos clave como la participación de las mujeres en la prevención, gestión y resolución de los conflictos; el respeto de los DDHH de las mujeres; y las violencias contra las mujeres que se producen en contextos de conflicto social, político y armado, siendo utilizadas como arma de guerras en muchos de sus casos.

AH y Emergencia

Trabajamos desde un enfoque triple que apuntala soluciones duraderas a medio plazo, que incidan en la resiliencia y recuperación integral de las mujeres y niñas. MZC adopta un enfoque transversal y concertado del Desarrollo, la Paz, la Igualdad y los derechos de las mujeres a lo largo de todos sus proyectos y países de intervención, mediante el cual se abordan las necesidades humanitarias con enfoques a largo plazo centrados en el empoderamiento y los DDHH para reducir la discriminación y vulnerabilidad, incluidas la pobreza, inseguridad y desigualdad estructural que afecta especialmente a mujeres y niñas, promoviendo de esta manera la Paz y la justicia social.

 

Dónde actuamos

Mantenemos nuestras misiones en Malí, Marruecos, Colombia, Paraguay, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Palestina teniendo como meta aumentar la calidad y cantidad de las acciones, consolidar los emprendimientos y reforzar las alianzas con nuestras socias y socios locales.

 

Nuestro trabajo se dirige tanto a la población local como a la población migrante, incluidas aquellas personas susceptibles de ser sujetos de protección internacional.

Bosnia & Herzegobina

Las violaciones masivas de mujeres, la prostitución forzosa y la esclavitud sexuales habían estado instaladas en el territorio de Bosnia-Hercegovina durante todo el conflicto armado en medio de la más absoluta impunidad. Mujeres en Zona de Conflicto inició su trabajo en Bosnia en el año 1.994 a partir de un trabajo de identificación con parte de estas mujeres. Nuestras líneas, en el marco de la construcción de la paz, son las siguientes:

  • Reinserción sociolaboral que mujeres que han sufrido violencia en el marco del conflicto armado.
    Atención integral a las mujeres que han sufrido la violencia de género.
  • Fortalecimiento del cumplimiento de las Resoluciones del consejo de seguridad de Naciones Unidas 1325 y 1820.

 

Bosnia y Herzegovina (BiH), se encuentra en los Balcanes occidentales, con una población estimada de 4.207.000 habitantes, de los cuales el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres.


BIH formaba parte de la extinta Yugoslavia, la cual sufrió un cruento conflicto armado entre los años 1.992 y 1.995, a lo largo de los cuales fueron asesinadas o desaparecieron cientos de miles de personas (los datos precisos aún no se pueden determinar); más de dos millones de personas de personas refugiadas y desplazadas; decenas de miles de mujeres violadas; se destruyeron las dos terceras partes de los recursos industriales y la mitad de las viviendas y los edificios dentro del sistema de protección social;


El Acuerdo de Paz de Dayton, firmado en Diciembre de 1995, proporcionó el marco para el cese de las hostilidades, pero su firma hasta la fecha se ha demostrado como un instrumento ineficaz para crear una paz sostenible a largo plazo, particularmente en términos de estabilidad política y económica.
Bosnia continua siendo un estado débil con grandes contradicciones internas que tienen que ver con el conflicto armado y con la forma en la que se instauró la paz. La población continua de hecho dividida más allá del marco geográfico-político-administrativo de las dos entidades que la componen (La Federación y la República Srpska).


MZC se propone continuar apoyando a las asociaciones de mujeres, fortaleciendo sus estructuras y promocionando su capacitación en todo lo que involucra la construcción de una paz durable y positiva, incluyendo el manejo y exigencia del cumplimiento de la Resolución R-1325 y siguientes. En este proceso valoramos como muy positivo el trabajo con la prensa, especialmente con aquellos periodistas con capacidad de comunicar la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de paz.

Colombia

Colombia es un país que sufre un conflicto armado interno desde hace más de 50 años. Conflicto que fue iniciado por una cuestión político-ideológica, a la cual se sumaron otras razones económicas, de control de recursos y ligadas al narcotráfico.

 

Más de medio siglo de violencia da lugar a una sociedad violenta en todos sus estamentos, un país en el cual hasta dos generaciones han nacido y vivido sin tener un solo día de paz declarada.

 

El estado colombiano es uno de los actores del conflicto. Esta posición provoca desconfianza por parte de la ciudanía hacia el aparato estatal, a menudo involucrado en casos de corrupción y violencia relacionados con la guerra.

 

Una guerra esta que provoca mayor desigualdad entre clases y que afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos, como las comunidades campesinas e indígenas ubicadas en las zonas de control de recursos naturales; las personas defensoras de derechos humanos que denuncian las continuas violaciones al derecho internacional humanitario; así como las mujeres y las niñas receptoras de la mayoría de la violencia sexual empleada como arma de guerra en el conflicto.

 

Tanto la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas, como la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado que la violencia que afecta a las mujeres en el contexto del conflicto es una exacerbación de la violencia de género que históricamente han afectado a las mujeres. La guerra ha reproducido y creado nuevas formas de violencia, provocando una violencia continuada que afecta a las mujeres tanto en tiempos de paz como de guerra, en la cual el denominador común es la subordinación y discriminación hacia las mujeres.

 

La violencia desplegada por el conflicto, ha provocado más de 6 millones de desplazamientos internos acumulados hasta 2015, según el Informe Desplazados Internos por Conflicto y Violencia, del consejo Noruego para refugiados, de los cuales el 70% son mujeres y niños y más del 63 % vive en condiciones de pobreza.

 

Esta situación nos deja una Colombia violentada, violenta y desconfiada que exige VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

 

Ante semejante escenario, Colombia se enfrenta a un importante reto. Los avances del actual proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC aproximan la firma de los Acuerdos de Paz. El estado y la sociedad deben tener la capacidad de materializar esos acuerdos, lo que requiere un trabajo de reconstrucción del tejido social a través de procesos de recuperación, reparación y reconciliación, acompañados de medidas que ayuden a superar las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. Para ello es necesario transformar las estructuras de desigualdad y discriminación, y la transformación del conflicto violento en relaciones de paz.

 

Es importante exigir el refuerzo del estado en la protección de los DDHH y la aplicación de políticas de protección y reparación, dando cumplimiento a las Resoluciones de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad: R 1325 y R 1820.

 

Por su parte los y las líderes y defensores de DDHH, así como la sociedad civil en general, deben impulsar las capacidades históricamente desarrolladas por sus procesos, de manera que su papel como agentes de paz sostenible e inclusiva sea respaldado y fortalecido.

 

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) trabaja en Colombia desde el año 2001. A partir del año 2008 iniciamos un proceso de apoyo a la Construcción de la Paz Positiva en el marco del conflicto armado, exigiendo la aplicación de las Resoluciones 1325 y 1820 de Naciones Unidas.

 

MZC acompaña a la sociedad colombiana, investiga, denuncia las violaciones de derechos humanos y la violencia que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, favorece el desarrollo en las zonas rurales por parte de las mujeres cabezas de hogar y fomenta la participación y fortalecimiento de los grupos de personas desplazadas.

 

Mujeres en Zona de Conflicto, trabaja en Colombia por alcanzar la consecución de una paz positiva, real, e incluyente, que promocione y avance en favor de la verdad, la justicia y la reparación.

Ecuador

Ecuador es un país diverso tanto en el medio, como en la población que lo forma. Cuenta con una representación importante de pueblos indígenas, afrodescencientes y montubios, aunque el grupo mayoritario (70%) es el mestizo. Según datos del censo de 2010, tanto el grupo Afroecuatoriano como el indígena suponen un 7% respectivamente, sobre el total de la población de Ecuador.


Existen 13 nacionalidades indígenas presentes en las tres regiones del país y aún hoy, es destacable la existencia de pueblos no contactados en la Amazonía, como los Tagaeri, los Taromenane, y los Oñamenane. Continuando el trato dado a los indígenas desde la conquista, tradicionalmente fueron un pueblo marginado, excluido, sin acceso a educación o a cualquier otro derecho. A partir de los años 80 surge el movimiento indígena, gracias al cual hoy se sitúan en una posición de equidad aparente, respecto al resto de la población.


La nueva constitución de 2008, define Ecuador como un estado plurinacional, reconoce así las nacionalidades indígenas como parte del estado. Del mismo modo, la constitución estableció cambios en economía generando un impacto en el país que ha llevado a catalogarlo como de Renta Media- Alta. Destaca una gran inversión en educación, salud y protección social que ha reducido la pobreza, siendo un 27,3% para 2012. Sin embargo el reto aún es importante, ya que la pobreza existente se concentra en zonas rurales pobladas por indígenas y afrodescendientes.


La otra cuestión pendiente, es afrontar el problema de la violencia que sufren 6 de cada 10 mujeres según datos del Instituto Nacional de estadística y censos de Ecuador (INEC) en 2012, violencia que se presenta en igual porcentaje tanto en población urbana como rural.
Un país como Ecuador que lucha por reducir la pobreza y alcanzar mejores niveles de desarrollo, ha de contar con las diversidades que forman su ciudadanía. No es posible un verdadero desarrollo si las mujeres que suponen la mitad de la población, sufren violencia o viven en la pobreza como los grupos indígenas que habitan zonas rurales.

 

En este sentido, Mujeres en Zona de Conflicto apoya la denuncia y visibilización de esta situación de violencia hacia las mujeres y trabaja en pro del desarrollo y fortalecimiento de los pueblos indígenas.


A nivel geográfico, el Norte de Ecuador limita con la región Sur Colombiana. Ello provoca continuas incursiones de diferentes actores armados en el Norte de Ecuador tanto por movimientos de guerra, como para el tráfico ilegal de armas, drogas y personas. El movimiento que genera el ejército va acompañado de una oferta de mujeres en situación de prostitución, que en más del 50% de los casos son colombianas y víctimas de trata. Ecuador además, se convierte en una salida óptima para la población desplazada de Colombia por el Conflicto armado, por lo cual se ve obligado a acoger a población refugiada con unas estructuras débiles para soportar tal demanda.


Por lo anterior, la zona norte de Ecuador se traduce en un espacio de inseguridad y corrupción en el que la población ve mermadas sus posibilidades de desarrollo y disfrute de derechos.


El trabajo que Mujeres en Zona de Conflicto desarrolla en Ecuador se organiza en torno a dos líneas estratégicas, por una parte la Construcción de una Paz justa, duradera e incluyente y por otra la Erradicación de la Violencia de Género en cualquiera de sus formas, especialmente de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Marruecos

MZC trabaja en Marruecos desde el año 2008, en estos años nuestro trabajo se ha centrado en tres líneas fundamentales: Gobernanza democrática, fortalecimiento del sistema público de educación y desarrollo de las capacidades productivas endógenas. Estas tres líneas se ha llevado a cabo atendiendo a la perspectiva de género y con un enfoque de derechos; en ese sentido nuestras acciones han sido dirigidas a la consecución de la igualdad de oportunidades y de la justicia social.

 

Pese a los avances logrados en Marruecos en la última década en materia de derechos, en reducción de la pobreza y la pobreza extrema, en crecimiento económico y en materia de igualdad, aún existen grandes desigualdades de ingresos, una alta incidencia de la pobreza y una expansión de la economía informal, siendo en mayor medida las mujeres y las niñas las que ven limitadas sus oportunidades, pues aunque a nivel de igualdad formal Marruecos tiene un cuerpo jurídico de protección de los derechos de las mujeres, la praxis es bien distinta, especialmente por primar el derecho consuetudinario en muchas ocasiones: tradiciones y costumbres que relegan a las mujeres a los puestos de cola.

 

Marruecos ha contraído diversos compromisos en materia de derechos, incluyendo la salvaguarda de los derechos de las mujeres, a través de la firma de una serie de instrumentos internacionales. Entre estos, cabe destacar, la CEDAW, sobre la cual levantó el gobierno las reservas en el año 2009, el compromiso que surge a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, donde los Estados se comprometieron a buscar mecanismos y herramientas para mejorar la situación y el cumplimiento de los derechos humanos al interior de los Estados.

 

Mujeres en Zona de Conflicto mantienen el compromiso de trabajar a favor de los derechos de la población marroquí, promoviendo estrategias de capacitación para el ejercicio del liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil y su interlocución con las administraciones locales, que garantice la igualdad de hecho y de derecho como fundamento para la consecución de un desarrollo humano sostenible.

Mali

Mujeres en Zona de Conflicto lleva trabajando en Malí desde el año 2007 en la lucha a favor de la reducción de desigualdades y la pobreza. Desde MZC se establecen las prioridades sectoriales:

  • Soberanía alimentaria.
  • Fortalecimiento de tejido productivo a través del fomento de la pequeña empresa, en régimen de trabajo asociado, al cargo de mujeres Fortalecimiento de tejido productivo a través del fomento de la pequeña empresa, en régimen de trabajo asociado, al cargo de mujeres.
  • Desarrollo rural integrado.
  • Fortalecimiento de la sociedad civil para procurar el empoderamiento del movimiento de mujeres.
  • Educación en el sector formal y no formal.
  • Salud sexual y reproductiva.
  • Construcción de la paz en el marcho del cumplimiento de la legalidad internacional, especialmente las Resoluciones del consejo de seguridad de Naciones Unidas 1325 y 1820.
  • Acción Humanitaria en aquellas zonas donde la necesidad lo requiera, atendiendo a la salvaguarda del Derecho internacional humanitario.


Malí es uno de los países más pobres del mundo, clasificado en 2013 por Naciones Unidas dentro del grupo de países con desarrollo humano bajo: puesto 176 de 187 (IDH = 0.407).


Malí es un país agrícola en el que la mujer ocupa una posición estratégica en la estructura productiva. Sin embargo esta centralidad no se corresponde con el estado del reconocimiento oficial y social de los derechos de la mujer.


Tanto el marco jurídico, con un código civil que sitúa a la mujer en una posición inferior al hombre, como la costumbre (exclusión de las actividades productivas remuneradas, alta incidencia de violencia de género contra la mujer –incluida la práctica de la ablación- o tasas de escolarización femenina muy inferiores a las masculinas) dificultan el acceso de la mujer a la salud, a recursos económicos, y la excluyen de los espacios de decisión.


Los factores de degradación de los ecosistemas, han dificultado de manera importante el acceso a los alimentos por parte de las poblaciones. La inseguridad alimentaria y nutricional crónica afecta al conjunto del país.


El acceso al agua potable, saneamiento y electricidad están lejos de estar garantizados para toda la población.


A los grandes desafíos estructurales para el desarrollo del país, como los vinculados a la gobernabilidad, a la promoción de un crecimiento económico duradero e inclusivo y al acceso a unos servicios básicos de calidad, se suma la reciente crisis vivida en el país.


El conflicto que afectó al país en 2012 ha tenido un efecto muy destructivo sobre la vida económica y social en la zona Norte de Malí. Este conflicto llevó consigo que la población estuviera forzada a desplazarse a otras zonas del país menos afectadas por el conflicto y a países vecinos.

 

Cuando empezó el proceso de reconciliación en mayo de 2013 una gran parte de la población refugiada han regresado sin casi ningún recurso. Es necesario fomentar el dialogo y la comprensión entre estas comunidades.

 

La sociedad maliense se enfrenta a los retos que implica el actual proceso de negociaciones de paz en curso y la degradación de la situación política y de seguridad en dos tercios de su territorio. Los indicadores básicos de desarrollo humano manifiestan un lento y desigual progreso en el país, yendo en algunos de ellos en regresión.

Paraguay

Paraguay es uno de los países más empobrecidos de América del Sur, ocupa la posición 111 según el índice de desarrollo humano para 2014. Junto con Bolivia, son los únicos catalogados como países de desarrollo medio de la región Sur Americana.


Tan sólo un 2% de la población total del país, se considera indígena, y en su mayoría habita en el Chaco Paraguayo. Pese al pequeño porcentaje de grupos indígenas, el 90% de la población paraguaya habla guaraní, siendo esta la segunda lengua oficial del país. La naturalización del idioma propio de las comunidades indígenas, permite una mayor normalización, aceptación y conocimiento de este grupo.


Pese a ello, el colectivo indígena, sufre de manera directa las consecuencias del empobrecimiento que vive el país. La sociedad paraguaya en general, se encuentra marcada por una profunda crisis social, económica y educativa que provoca el aumento del desempleo y del número de pobres y pobres extremos, suponiendo una carencia de oportunidades generalizada y un caldo de cultivo para la migración. Una crisis que más allá de las cifras de desempleo y PIB, se traduce en inseguridad ciudadana, carencia de servicios públicos, y falta de confianza en el estado.


Esta situación provoca complejidad y conflictos en la sociedad paraguaya, a lo que debemos sumar un tradicional sistema de valores y organización puramente patriarcal. Todo lo anterior deriva en unas elevadas las cifras de violencia hacia las mujeres. Según datos de la Estadística Nacional de la Violencia Contra la Mujer en 2014, 9 de cada 10 mujeres en Paraguay sufren violencia física, emocional o de algún tipo.


A partir del año 2009 en España, se detecta un aumento en el número de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual procedentes de Paraguay. De este modo, pasa a ser uno de los principales países de origen de las víctimas de trata atendidas en el país.

 

Este hecho es la principal motivación para la intervención de MZC en el país. Una vez identificado este fenómeno en España, MZC considera apropiado trabajar en origen la problemática que da lugar a la explotación de las víctimas.

 

De este modo, se promueve una intervención macro en torno a la erradicación de la violencia de género, que se aborda de la mano de organizaciones locales e instituciones gubernamentales, agentes clave para la erradicación de un fenómeno de tal magnitud.

 

Por una parte, se trabaja de manera directa con posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, prestando una atención integral que atiende la cuestión social, sanitaria y psíquica de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, o que pueden ser potenciales víctimas del engaño. De este modo, se fortalece la situación de las posibles víctimas, contribuyendo a aumentar sus recursos y habilidades y alternativas ante una posible situación de engaño.

 

La segunda estrategia de MZC en Paraguay, se centra en la sensibilización de la población sobre el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual de manera que las posibles víctimas estén informadas previamente sobre los riesgos ante determinadas ofertas. La sensibilización va dirigida a la población en general y de forma específica se trabaja con colectivos que sean víctimas potenciales.

 

Tanto la atención directa como la sensibilización, son las dos cuestiones básicas para contribuir a reducir la trata de personas con fines de explotación sexual en Paraguay.

Palestina

En 1948 y tras el gran desastre humanitario que supuso la II Guerra Mundial, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que define la necesidad de proteger la vida y la dignidad de las personas. Sin embargo desde que se aprobara esta declaración, la población Palestina está viviendo, dentro y fuera de sus territorios, una vulneración diaria de sus derechos.


En 1947, la Resolución 181 de Naciones Unidas dio validez formal a la partición del territorio que se encontraba bajo dominio británico y en mayo de 1948, la comunidad judía declaró unilateralmente la creación del estado de Israel, lo cual desencadenó un ataque armado de los estados árabes vecinos en apoyo a la población Palestina. La primera gran guerra árabe-israelí, provocó la salida de gran parte de la población palestina que habitaba su territorio y amplió su superficie más de lo acordado en el plan de partición. Desde este momento el conflicto entre Palestina e Israel no ha cesado en violencia, vulneración de derechos, ocupación del territorio palestino y expulsión de su población.


A pesar de las buenas intenciones para culminar el proceso de paz, el saldo después de los acuerdos de Oslo habla por sí mismo; solo un quinto de los territorios estipulados en los Acuerdos, han sido devueltos a Palestina y en los territorios no devueltos se levantan asentamientos ilegales israelíes. Mientras, el 63,4 % de la población continúa refugiada, ocupando el primer puesto en refugio del mundo. A lo anterior se suma un terrible conflicto interno entre Hamás en Gaza y Fatah en Cisjordania.


Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) ha trabajado durante más de una década en los Territorios Ocupados Palestinos, desde 1997. En este tiempo ha desarrollado una intervención directa a beneficio de la población palestina con el objeto de mejorar su situación de vulnerabilidad y reducir los impactos del conflicto, trabajando en pro de la construcción de la Paz mediante proyectos de Desarrollo, Acción Humanitaria e Incidencia política. Durante este tiempo, se trabajó con las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de construir acciones de paz positiva en el marco del conflicto como un camino hacia la firma de la paz y el fin de la ocupación.


Sumado a lo anterior, durante los años 2009 y 2010, MZC desarrolló una investigación sobre Mujer, Paz y Seguridad, analizando la manera diferencial en que los conflictos armados afectan a los hombres y las mujeres, así como cuál debería ser el papel de estas en la construcción de la paz y la seguridad, teniendo en cuenta la aplicación de la Resolución 1325. Con esta investigación, MZC pretende contribuir a la cohesión del movimiento de mujeres palestinas e israelíes desde el convencimiento del potencial que tienen para marcar los ritmos de la paz en sus sociedades.


A partir de la publicación de la investigación, la intervención directa en Palestina se traduce en un ejercicio de indecencia política en espacios locales, nacionales e internacionales a través de los cuales se exige la protección a la población y una salida a la ocupación y al conflicto.

El área

A través de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en MZC trabajamos en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y las niñas, mediante acciones sostenibles, en aquellos países en los que intervenimos y hacemos incidencia para mejorar sus condiciones a nivel mundial.

 

Las prioridades sectoriales de este plan son las siguientes:

  1. Mejorar el acceso de las mujeres y las niñas a todos los niveles de la educación formal.
  2. Fortalecer la participación de la sociedad civil, especialmente asociaciones de mujeres y jóvenes.
  3. Propiciar la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, especialmente apoyar su participación en igualdad en los gobiernos locales.
  4. Mejorar las oportunidades económicas de las mujeres.
  5. Activar mecanismos en red para la prevención, represión y sanción de trata de mujeres y niñas y de las violencias ejercidas contra las mujeres en contexto de conflicto armado.
  6. Empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones, especialmente de aquellas que desarrollan su trabajo en contextos de especial dificultad, como son los conflictos armados y post-conflictos.
  7. Acción humanitaria ligada a los contextos en los cuales tenemos una sólida estructura y equipos eficientes y conocedores del terreno.

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